El
dinero con que los contribuyentes pagan los impuestos es fruto del esfuerzo,
del trabajo, muchas veces del sacrificio familiar. En su calidad de empresaria
contribuyente, Xóchitl Gálvez sabe lo que cuesta ganar el dinero para pagar los
impuestos, por ello encuentra justo que cada ciudadano tenga conocimiento de lo
que hace el gobierno con su dinero, pero también que tenga la capacidad de
exigir cuentas claras y que se castigue a los políticos que hagan mal uso de
los recursos. En esta materia, Xóchitl comparte algunas reflexiones sobre el
estado actual de cosas y sobre la manera en que estas podrían o deberían ser.
Transparencia. Debe exigirse el
cumplimiento de la obligatoriedad marcada en La Ley Federal de Transparencia,
para que el gobierno se convierta en una vitrina donde todos los ciudadanos
podamos conocer cómo se gasta el recurso público. El Senado debe ser totalmente
transparente, los tres niveles del poder ejecutivo y también el poder judicial
deben transparentarse. En todo ejercicio presupuestal debe haber un mínimo de
información: quiénes fueron los participantes, cuánto fue lo presupuestado,
cuánto fue lo ejercido; debe haber también un mínimo de eso que hemos llamado
la armonización contable.
Rendición de cuentas. Debe ponerse especial
énfasis en que la calidad de las obras contratadas corresponda con lo
invertido. Qué bueno que se investigue lo de la Estela de luz, y si hay
corrupción, que se castigue. Pero también que se investigue cuánto ha costado
pavimentar cada calle llena de baches en Pachuca, que se investiguen las
asignaciones directas; que sepamos qué pasó con el edificio del Senado que a la
fecha está sin funcionar. También el actuar de los funcionarios debe pasar el
tamiz de la transparencia, porque a lo mejor no roban el dinero directamente,
pero sí hacen negocios ilícitos.
Penalización de la
corrupción.
El tema de la rendición de cuentas debe quedar indisolublemente ligado a la
penalización de la corrupción, es decir, las leyes de transparencia y de
responsabilidades de los servidores públicos deben vincularse, pues de poco
sirve saber quiénes actuaron de manera corrupta si, a causa de ciertos
mecanismos legales, sus actos quedan impunes. Debe impulsarse la revisión y, en
su caso, la reforma de dichas leyes para evaluar cuán efectivas han resultado
en su contribución a la penalización de la corrupción, y si vale la pena ser
mucho más severos castigando, e imponer por ejemplo cadena perpetua a los políticos
que se roben el presupuesto o que trafiquen influencias para beneficio de
ciertas empresas. Porque debe darse al político un castigo ejemplar, sea del
partido que sea.
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